A siete años de la promulgación de la Ley 21.100, conocida como “Chao Bolsas Plásticas”, Unibag hace un llamado a evaluar sus avances y desafíos, destacando la importancia de la innovación, la precisión normativa y la educación ciudadana para seguir avanzando hacia una economía verdaderamente circular.
El 3 de agosto del 2018, Chile dio un paso pionero en Latinoamérica al promulgar la Ley 21.100, conocida como “Chao Bolsas Plásticas”, que prohibió la entrega de bolsas plásticas en el comercio. Hoy, a siete años de su entrada en vigor, se hace necesario mirar en retrospectiva: ¿cuánto hemos avanzado como país?, ¿qué barreras persisten?, ¿y cómo seguimos construyendo un camino sostenible?
Desde Unibag, principal fabricante nacional de bolsas reutilizables, han sido testigos y protagonistas del proceso. A través de la innovación en materiales, procesos y educación al consumidor, la empresa ha logrado adaptarse a una normativa con un espíritu muy positivo, pero que aún presenta vacíos relevantes.
“El gran mérito de esta ley es haber impulsado un cambio cultural en torno al consumo de plásticos de un solo uso, pero al no ser precisa en sus definiciones, ha dado lugar a múltiples interpretaciones, lo que no es deseable en una legislación que debería tener criterios claros y aplicables”, explica Eliana Moreno, cofundadora de Unibag.
Educación, precisión normativa y fin de vida: los nuevos desafíos
Uno de los principales desafíos actuales está en el origen y el destino final de las bolsas. Si bien la ley prohíbe las bolsas plásticas derivadas del petróleo —incluidas aquellas presentadas como biodegradables o compostables—, no contempla la regulación de su «fin de vida», es decir, qué ocurre con las bolsas luego de ser utilizadas.
En esa línea, el Ministerio del Medio Ambiente ha emitido recientemente el oficio N°242592/2024, en el que señala que, a su juicio, las bolsas plásticas de comercio reguladas por la Ley 21.100 no deberían contener ningún porcentaje de polímeros derivados del petróleo, reforzando el espíritu original de la normativa.
Sin embargo, la impresición del término “Componente fundamental” en la materialidad de algunas bolsas ha permitido que se sigan comercializando bolsas plásticas con polímeros derivados del petróleo, que pueden tardar hasta 400 años o más en degradarse. Esta situación ha generado confusión tanto en el comercio como en la ciudadanía, quienes muchas veces creen que cualquier bolsa compostable está permitida por ley, sin considerar su composición real ni su destino final.
“Muchas personas creen que por el solo hecho de que una bolsa sea reutilizable o tenga una etiqueta ‘eco’, ya es sostenible. Pero si esa bolsa no es reutilizada las veces necesarias o si no tiene un sistema claro de disposición final, se convierte igualmente en un residuo que puede tardar cientos de años en degradarse”, aclara Moreno.
Esta confusión se ha visto reflejada en el auge de bolsas plásticas de un solo uso en el delivery de supermercados, que han reemplazado el papel por supuestas bolsas compostables que, en muchos casos, no cuentan con certificaciones visibles ni claras sobre su real compostabilidad.
Por su parte, Verónica Torres, Gerente de Sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago, gremio que ha estado trabajado en la circularidad de los embalajes usados en el delivery, comenta que “Para proteger el medio ambiente, se debería considerar tanto el origen de las materias primas como el fin de vida de las bolsas creadas con ellas. Es primordial que ambos aspectos se gestionen y comuniquen de manera transparente y legítima, lo que debería implicar pasar por mecanismos de autoregulación basados en normativas, ensayos y certificaciones atingentes y reconocidas.”
Actualmente, un proyecto de ley (boletín 16980-12) ingresado en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados busca modificar la Ley 21.100 para: Precisar el concepto de bolsa plástica, Prohibir su venta, Exigir etiquetado y certificaciones, y Asegurar que las bolsas que se entreguen sean compostables sin contener polímeros derivados del petróleo.
Desde su fundación, Unibag ha trabajado en el desarrollo de soluciones que respondan no solo a las exigencias legales, sino también a los principios de sostenibilidad. Ha incorporado materiales como el almidón de maíz, compostable a nivel industrial, y ha promovido campañas de educación ambiental para impulsar el cambio de hábito en la ciudadanía.
“Creemos que esta ley ha sido un avance tremendo, pero también que llegó el momento de actualizarla y fortalecerla. Necesitamos definiciones técnicas claras, mecanismos de fiscalización efectivos y un enfoque integral que incluya tanto el origen como el destino de los productos que usamos”, señala Moreno.
A siete años de la Ley 21.100, Unibag reafirma su compromiso de liderar desde la innovación y de contribuir a una ciudadanía informada, capaz de tomar decisiones sostenibles en su vida cotidiana.
“El verdadero cambio no está solo en la norma, sino en cómo la interpretamos, cómo la aplicamos y cómo educamos para que cada persona sea parte de la solución”, concluye.
