Recientemente, entr\u00f3 en vigencia la nueva Ley de Seguridad Privada, en virtud de la nueva Ley N\u00b021.659 de Seguridad Privada y su Reglamento, el Decreto N\u00b0209. El reglamento tiene como objetivo complementar las disposiciones establecidas por la ley, precisar obligaciones y establecer aspectos t\u00e9cnicos, operativos y de otra \u00edndole necesarios para su implementaci\u00f3n.<\/p>\n
En la normativa se regulan diversas activades de seguridad privada, incluyendo el dep\u00f3sito, custodia, transporte y distribuci\u00f3n de objetos peligrosos, la instalaci\u00f3n y mantenci\u00f3n de sistemas de seguridad electr\u00f3nica, la asesor\u00eda en seguridad, y cualquier otra actividad preventiva para la protecci\u00f3n de personas, bienes y procesos productivos.<\/p>\n
Cabe recordar que, a marzo de 2025, se encuentran acreditados, a nivel nacional, 54.209 guardias de seguridad y 7.104 vigilantes privados autorizados, por lo tanto, la norma afectar\u00eda en un principio a m\u00e1s de 60 mil trabajadores, pero tambi\u00e9n involucra nuevas reglas para las empresas que requieren sistemas de seguridad privada.<\/p>\n
Francisco Alarc\u00f3n, asociado senior del Grupo de Derecho P\u00fablico y Mercados Regulados de la firma Albagli Zaliasnik (az), explica que \u201cla nueva ley establece criterios m\u00e1s claros para definir qu\u00e9 empresas o entidades est\u00e1n obligadas a tener seguridad privada. Ser\u00e1 la Subsecretar\u00eda de Prevenci\u00f3n del Delito la que determinar\u00e1 el riesgo de una entidad, considerando criterios tales como las actividades que desarrolle, la localizaci\u00f3n del establecimiento, las caracter\u00edsticas de su entorno, funcionamiento, valor o peligrosidad de los objetos que se encuentren en su interior, la alta concurrencia de p\u00fablico, que cumpla funciones estrat\u00e9gicas o preste servicios de utilidad p\u00fablica, que transporte y\/o almacene objetos peligrosos o de alto valor, entre otros\u201d.<\/p>\n
Las entidades obligadas deber\u00e1n presentar un estudio de seguridad ante la entidad regulatoria y mantener medidas tales como c\u00e1maras de vigilancia, guardias de seguridad y controles de acceso. Solo aquellas entidades que sean catalogadas como de alto riesgo, estar\u00e1n obligadas, a contar, dentro de estas medidas, con vigilantes privados armados. Por tanto, es necesario evaluar si la empresa es declarada como entidad obligada y, de ser as\u00ed, iniciar el proceso de elaboraci\u00f3n o actualizaci\u00f3n de su estudio de seguridad.<\/p>\n
Contrataci\u00f3n de guardias de seguridad o vigilantes privados<\/p>\n
Una de las principales diferencias en la regulaci\u00f3n de seguridad privada es que los vigilantes privados est\u00e1n autorizados para portar armas de fuego y los guardias de seguridad no. En este sentido, solo pueden contratar vigilantes privados las entidades obligadas que hayan sido determinadas por la Subsecretar\u00eda de Prevenci\u00f3n del Delito como de riesgo alto o aquellas que se encuentren obligadas por la propia ley a ello, como es el caso de los bancos, instituciones financieras o empresas de transporte de valores. En tanto, cualquier entidad, independiente de su riesgo, puede contratar guardias de seguridad, cumpliendo los requisitos legales y reglamentarios para ello.<\/p>\n
Asimismo, todas las empresas pueden implementar medidas de seguridad privada, tales como c\u00e1maras, guardias o controles de acceso, en la medida que cumplan los requisitos reglamentarios correspondientes. Sin embargo, hay ciertas entidades que, por generar un mayor riesgo para la seguridad p\u00fablica, pueden ser obligadas a implementar medidas de seguridad privada.<\/p>\n
Sanciones<\/p>\n
La ley establece multas ante incumplimientos de la normativa. En este sentido, se dispone una graduaci\u00f3n entre infracciones grav\u00edsimas, graves y leves, con el objeto de imponer multas proporcionales a la gravedad de la conducta. Son muy diversas las conductas sancionadas. Por ejemplo, como infracci\u00f3n grav\u00edsima est\u00e1 presentar antecedentes falsos ante la Subsecretar\u00eda de Prevenci\u00f3n del Delito o ante la autoridad fiscalizadora; como infracci\u00f3n grave, se incorpora la conducta de no presentar, dentro de plazo, el estudio de seguridad o sus modificaciones; y, como infracci\u00f3n leve, se se\u00f1ala cualquier acto u omisi\u00f3n que contravenga las obligaciones de la ley que no constituya infracci\u00f3n grave o grav\u00edsima.<\/p>\n
Francisco Alarc\u00f3n concluye que, ante la nueva normativa, \u201ces necesario que las empresas se aseguren de que los sistemas de vigilancia y seguridad electr\u00f3nica cumplan con los nuevos est\u00e1ndares normativos y permitan la interoperabilidad para la transmisi\u00f3n de informaci\u00f3n requerida por las autoridades. La anticipaci\u00f3n y adecuaci\u00f3n a estas nuevas disposiciones no solo garantizar\u00e1n el cumplimiento legal, sino que tambi\u00e9n fortalecer\u00e1n la seguridad de las operaciones log\u00edsticas, protegiendo a personas y bienes de manera m\u00e1s eficiente y coordinada con las fuerzas de seguridad p\u00fablica\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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