Direcciones, tel\u00e9fonos, geolocalizaci\u00f3n, im\u00e1genes, firmas y datos de trabajadores circulan diariamente entre empresas, operadores log\u00edsticos y proveedores tecnol\u00f3gicos. Eso hasta ahora, porque con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protecci\u00f3n de Datos Personales -el 1 de diciembre de 2026- las organizaciones deber\u00e1n revisar detalladamente c\u00f3mo recopilan, comparten, almacenan y eliminan esa informaci\u00f3n.<\/p>\n
Cuando una persona compra por internet, sus datos de contacto llegan al sistema que organiza los despachos y su tel\u00e9fono puede pasar al transportista. La ubicaci\u00f3n del veh\u00edculo permite seguir el recorrido, mientras una firma o fotograf\u00eda puede quedar guardada como comprobante de entrega. En ese trayecto tambi\u00e9n se tratan datos de conductores y otros trabajadores. Cada participante necesita informaci\u00f3n para cumplir su funci\u00f3n, aunque no requiere acceder a toda ella ni conservarla por el mismo tiempo.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/www.revistalogistec.com\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/Danielle-Zaror.jpg\")
La Ley 21.719, que modifica la Ley 19.628 sobre protecci\u00f3n de la vida privada y crea la Agencia de Protecci\u00f3n de Datos Personales, dar\u00e1 un nuevo marco a ese intercambio. Su entrada en vigencia est\u00e1 fijada para el 1 de diciembre de 2026 y aunque el Gobierno present\u00f3 en septiembre un proyecto para postergarla un a\u00f1o, hasta el momento, la iniciativa sigue en tramitaci\u00f3n y la fecha legal no ha cambiado.<\/p>\n
Danielle Zaror, mag\u00edster en Derecho Econ\u00f3mico y doctora en Derecho, se\u00f1ala que las organizaciones \u201ctienen la carga de la prueba\u201d respecto del cumplimiento de la nueva normativa.<\/p>\n
\u201cPara verificar que han cumplido con la ley, las empresas deber\u00e1n exhibir sus pol\u00edticas de privacidad, su registro de actividades de tratamiento (mapeo de qu\u00e9 datos recopilan, para qu\u00e9 y donde se almacena), mecanismos de respaldo y gesti\u00f3n de consentimiento y el acuerdo de procesamiento de datos con proveedores, entre otros respaldos\u201d, explica.<\/p>\n
David Siriany, especialista en cadena de suministro de EY Chile, considera que la \u00faltima milla requiere una revisi\u00f3n prioritaria porque all\u00ed pueden reunirse, en tiempo real, geolocalizaci\u00f3n, fotograf\u00edas y firmas de quienes reciben los pedidos. Una pregunta concreta para las empresas ser\u00e1 qu\u00e9 muestra la prueba de entrega, qui\u00e9n puede consultarla y durante cu\u00e1nto tiempo debe permanecer disponible.<\/p>\n
Otro foco, agrega, son los acuerdos con transportistas y proveedores, que a su juicio frecuentemente carecen de cl\u00e1usulas espec\u00edficas sobre protecci\u00f3n de datos. Ambos asuntos exigen conocer el recorrido de la informaci\u00f3n. \u201cSin un registro de actividades de tratamiento que muestre qu\u00e9 se procesa y d\u00f3nde, ninguna empresa puede demostrar que controla su propio riesgo\u201d, afirma.<\/p>\n
La distinci\u00f3n empieza por identificar qu\u00e9 informaci\u00f3n es personal. Un registro de inventario queda comprendido en esta ley solo si permite identificar, directa o indirectamente, a una persona. Una orden de despacho, en cambio, puede incluir el nombre, la direcci\u00f3n y el tel\u00e9fono del destinatario, aunque esos datos se utilicen para mover un producto.<\/p>\n
La nueva ley hace una distinci\u00f3n clave entre dos figuras: el responsable y el encargado del tratamiento de datos. El primero decide los fines y medios del tratamiento. El segundo, en cambio, trata los datos personales por cuenta del responsable, siguiendo sus instrucciones.<\/p>\n
En una venta con despacho, por ejemplo, el comercio puede ocupar el primer rol y el transportista el segundo, siempre que este use la informaci\u00f3n solo para prestar el servicio. En definitiva, los roles depender\u00e1n de lo que cada empresa haga efectivamente con los datos.<\/p>\n
Si un operador usa los datos para un prop\u00f3sito propio, distinto del encargo, pasa a responder como responsable por ese uso.<\/p>\n
Para el especialista, aqu\u00ed est\u00e1 el l\u00edmite real de la delegaci\u00f3n: se puede traspasar la ejecuci\u00f3n del tratamiento, pero el responsable conserva sus obligaciones y el encargado responde por las que le corresponden. \u201cPor eso el punto ciego no est\u00e1 en el contrato con el operador log\u00edstico, que normalmente ya existe, sino en el sub-transportista sub-contratado, donde hoy visualizamos que no hay mayores cl\u00e1usulas ni auditor\u00edas\u201d, se\u00f1ala.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/www.revistalogistec.com\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/David-Siriany.jpg\")
Danielle Zaror agrega que, en el ecosistema del comercio electr\u00f3nico, donde los datos personales de un usuario se distribuyen entre el comercio (marketplace o tienda), el operador log\u00edstico, el transportista y otros proveedores, el ejercicio de derechos se rige fundamentalmente por esta distinci\u00f3n jur\u00eddica entre el responsable del tratamiento y el encargado. Por eso es que si un cliente quiere modificar o eliminar sus datos de un sistema, debe solicitarlo al responsable, es decir, al comercio si este cumple ese rol. El titular \u201cno tiene por qu\u00e9 saber qu\u00e9 empresa de transporte espec\u00edfica tiene sus datos en un momento dado, ni est\u00e1 obligado a perseguir a cada proveedor individualmente\u201d, aclara.<\/p>\n
Una vez que el comercio recibe la solicitud del titular (por ejemplo, el derecho de supresi\u00f3n o \u201cderecho al olvido\u201d) debe evaluarla y, si corresponde, aplicarla en sus propios sistemas. \u201cEl comercio est\u00e1 obligado a notificar a todos sus encargados (operador log\u00edstico, transportista, pasarela de pagos) que deben replicar esa acci\u00f3n (borrar o modificar los datos del usuario) y los encargados deben cumplir con la instrucci\u00f3n del responsable de forma inmediata, seg\u00fan los plazos contractuales y legales de retenci\u00f3n\u201d, agrega la subdirectora del Centro de Estudios en Derecho, Tecnolog\u00eda y Sociedad de la Universidad de Chile.<\/p>\n
La nueva ley exige a las empresas a informar con qu\u00e9 objetivo se usan sus datos personales y a suprimirlos o eliminarlos cuando se cumpla el objetivo, salvo que exista una justificaci\u00f3n legal para conservarlos m\u00e1s tiempo. De esta forma, una direcci\u00f3n obtenida para entregar un pedido no podr\u00e1 emplearse autom\u00e1ticamente para una campa\u00f1a ajena a ese fin. Lo mismo corresponde hacer antes de compartir datos con un operador o transportista.<\/p>\n
\u201cPor eso el est\u00e1ndar es recolectar solo lo necesario para acreditar el despacho y fijar el plazo de conservaci\u00f3n a una finalidad vigente, como garant\u00eda o prescripci\u00f3n. Concluido ese plazo, guardar el dato deja de ser prudencia y pasa a ser incumplimiento\u201d, afirma Siriany.<\/p>\n
La Ley 21.719 aborda igualmente el tema de la geolocalizaci\u00f3n y, si bien permite tratarla bajo las bases legales generales, tambi\u00e9n exige informar qu\u00e9 ubicaci\u00f3n se registra, para qu\u00e9, durante cu\u00e1nto tiempo y si se comunicar\u00e1 a terceros en las condiciones que establece la norma. Al respecto, Siriany recalca que el monitoreo de rutas deber\u00e1 responder a una necesidad real.<\/p>\n
Otro aspecto relevante de la nueva normativa es c\u00f3mo deben responder las empresas ante una filtraci\u00f3n, p\u00e9rdida o acceso no autorizado a datos personales. Si la vulneraci\u00f3n ocurre en un proveedor que act\u00faa como encargado, este debe informar al responsable. A su vez, el responsable debe reportar a la Agencia \u201csin dilaciones indebidas\u201d (es decir, apenas cuente con informaci\u00f3n suficiente para entender lo ocurrido) cuando exista un riesgo razonable para los derechos de las personas.<\/p>\n
Para enfrentar adecuadamente este tipo de situaciones, Siriany sugiere tres medidas: un protocolo documentado previo que establezca qui\u00e9n detecta, eval\u00faa y comunica el incidente; contratos que obliguen a los proveedores a avisar de inmediato; y auditor\u00edas peri\u00f3dicas a los eslabones cr\u00edticos de la cadena, no solo al primero.<\/p>\n
Y como medidas generales recomienda elaborar un mapa que incluya qu\u00e9 datos se procesan y d\u00f3nde, adem\u00e1s de contar con contratos actualizados con encargados y sub-encargados y un protocolo de brechas ya documentado. En el \u00e1mbito tecnol\u00f3gico, enfatiza la importancia de contar con cifrados, autenticaci\u00f3n multifactor y monitoreo de accesos an\u00f3malos.<\/p>\n
Desde su perspectiva, \u201cesperar la eventual pr\u00f3rroga de la ley es una mala apuesta, porque la fecha vigente sigue siendo diciembre de 2026 y, aun si se posterga, el costo de no estar preparado ya se traslad\u00f3 de lo normativo a la confianza del mercado\u201d.<\/p>\n
Una fotograf\u00eda usada como comprobante puede contener datos personales de quien recibe el pedido, aunque esa persona no sea el comprador. El contrato de venta no justifica autom\u00e1ticamente registrar su imagen: la empresa debe identificar qu\u00e9 fundamento legal le permite hacerlo e informar para qu\u00e9 utilizar\u00e1 la fotograf\u00eda.<\/p>\n
Ese fundamento podr\u00eda ser el consentimiento u otra base prevista en la ley, seg\u00fan las circunstancias.<\/p>\n
Por eso, antes de tomar una fotograf\u00eda del tercero que recibe, de acuerdo a la Ley 21.719, conviene evaluar qu\u00e9 es necesario mostrar para acreditar la entrega y evitar que aparezcan personas, documentos o partes del domicilio que no aporten a ese fin. Una foto del paquete tambi\u00e9n puede contener datos personales si deja ver una etiqueta con un nombre o una direcci\u00f3n. Si la imagen se conserva, hay que limitar qui\u00e9n puede verla y eliminarla o anonimizarla cuando ya no sea necesaria para la finalidad que justific\u00f3 su registro, salvo que exista otra justificaci\u00f3n legal para conservarla.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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