El tradicional seminario Día del Comercio Global se trasladó a la principal región portuaria del país para debatir, junto a autoridades políticas, judiciales, policiales y las Fuerzas Armadas, sobre una de las mayores amenazas a la seguridad nacional y el comercio exterior. Los expertos coincidieron en que el combate a este fenómeno exige una mayor articulación público-privada, el uso estratégico de la tecnología y profundizar la inteligencia de datos.
Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) y la Liga Marítima de Chile reunieron este jueves en Valparaíso a autoridades, policías, Fuerzas Armadas y representantes del sector marítimo-portuario para abordar el avance del crimen organizado en la cadena logística, una amenaza que hoy tensiona tanto la seguridad nacional como el comercio exterior.
Por primera vez se realizó una versión del Día del Comercio Global fuera de Santiago y en la principal región portuaria del país, donde los desafíos de seguridad han escalado y la coordinación entre Estado y sector privado resulta decisiva.
Durante la apertura, el presidente del directorio de CSAV, Óscar Hasbún, advirtió que el sector privado no puede quedar al margen de esta amenaza. “Como industria, no podemos ser meros espectadores; debemos apoyar al Estado y trabajar en conjunto para construir barreras contra la delincuencia transnacional. Este problema no solo pone en riesgo la economía, sino también a la institucionalidad del país, las personas y a los trabajadores portuarios. Reconocer su magnitud es urgente para abordarlo con más eficiencia”, señaló.
El almirante (r) Edmundo González, presidente de la Liga Marítima de Chile, subrayó que la vulnerabilidad de las fronteras marítimas y de la cadena logística dejó de ser un problema sectorial. “La respuesta de Chile no puede ser desarticulada, si enfrentamos una amenaza organizada, debemos responder con una capacidad superior de organización. No podemos seguir enfrentando estos desafíos desde compartimentos estancos, tenemos que compartir información, coordinar decisiones y construir confianza mutua”, dijo y abogó por la creación de macrozonas logísticas que permitan mejorar la prevención y control.
Expertos advierten brechas críticas
Las exposiciones coincidieron en un diagnóstico: el crimen organizado aprovecha brechas operativas, logísticas y de coordinación institucional para infiltrarse en la cadena de suministro. Desde el control marítimo hasta la persecución penal, los especialistas expusieron sus visiones sobre el tema.
Vicealmirante Arturo Oxley Lizana: El Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, abordó los desafíos operativos que enfrenta la frontera marítima de Chile frente al avance de organizaciones transnacionales. “Preservar la rigurosidad fiscalizadora y la integridad del sistema es indispensable para proteger la reputación internacional y la credibilidad de las exportaciones chilenas en los mercados globales”, planteó.
Ignacio Castillo Val (Fiscalía Nacional): El director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público ofreció una perspectiva jurídica y operativa y explicó cómo el Estado está avanzando con un enfoque de interagencialidad y especialización a través de equipos supraterritoriales para abordar el fenómeno. Dijo que es clave buscar mecanismos de compliance para evitar la corrupción. Además, trazó como riesgos futuros el control de las cárceles y el desarrollo del Corredor Bioceánico.
Luisenrique Navas (Terminal Portuario de Guayaquil – TPG): El gerente genearl del terminal de Hanseatic Global Terminals aportó la perspectiva internacional al exponer la realidad de Ecuador, detallando cómo el crimen organizado ha avanzado en los puertos de la región y compartiendo las medidas operativas y de seguridad que han implementado para mitigar este fenómeno a nivel local. “Esto no es una guerra que vamos a ganar solos: hemos invertido en tecnología y analítica, hay más control policial y militar, pero también tenemos que profundizar la colaboración fuera de nuestro continente”, dijo.
Tras las ponencias, un panel multisectorial analizó el impacto del fenómeno en la cadena logística y las ciudades. La conversación reunió a Juan José Benítez, gerente de Prevención del Comercio Ilícito para el Conosur de Philipp Morris International; el presidente de Empresas Perrot, Mauricio Perrot; Iván Villanueva, director de Seguridad de Hanseatic Global Terminals; y el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, quienes coincidieron en que la amenaza exige respuestas más rápidas, coordinadas y sostenidas.
Algunas cifras que dan cuenta de la gravedad de la situación:
- En US$ 8.800 millones se calculan las pérdidas en recaudación de impuestos por contrabando de cigarrillos en Latinoamérica.
- +40% de robos con violencia en rutas interurbanas entre 2019 y 2023 en Chile.
- +15% en costo logístico por km por la pérdida del tercer turno portuario.
Del debate surgieron algunas líneas de acción para cerrar espacios al crimen organizado en la cadena logística, como mayor articulación público-privada, inteligencia de datos y la relevancia de garantizar la transparencia en las diversas instituciones involucradas.
