Pymes, fundaciones, universidades públicas, partidos políticos y hasta organizaciones religiosas podrían ser sancionadas penalmente por la Ley 21.595 sobre delitos económicos. A casi un año de su entrada en vigencia, ¿cuáles han sido los alcances de esta ley? ¿Qué implica, en la práctica, para organizaciones de todos los tamaños y cómo prepararse, sin caer en alarmismos innecesarios?
Más exigente, menos impulsivo y con altas expectativas digitales, el consumidor actual no se conforma solo con una buena oferta. Quiere experiencias ágiles, personalizadas y consistentes. ¿Cómo pueden las empresas anticipar este comportamiento y adaptarse a las nuevas reglas del juego?
