Cada invierno Santiago revive la misma historia: la calidad del aire empeora, aumentan las enfermedades broncopulmonares, se acumulan las alertas ambientales y la discusión pública vuelve a girar en torno a un problema que la ciudad arrastra desde hace décadas. Entre 2022 y 2025, la cuenca de Santiago registró nueve preemergencias ambientales y solo en lo que va de este año ya suma cinco, producto de la mala ventilación y la baja pluviosidad.
Sin embargo, hay una señal que invita al optimismo. Según la Seremi de Medio Ambiente de la Región Metropolitana, 2025 fue el tercer mejor año en calidad del aire desde que existen registros, solo superado por 2023 y por 2020, cuando la pandemia redujo drásticamente la circulación de vehículos. No parece una coincidencia. Desde que los primeros buses eléctricos comenzaron a operar en el transporte público en 2017, la Región Metropolitana no ha vuelto a registrar un episodio de emergencia ambiental y las preemergencias han mostrado una tendencia a la baja.
La explicación es clara. Hoy el 62% de la flota de buses del sistema de transporte público es eléctrica, una transformación que ha permitido reducir en un 80% las emisiones de material particulado fino (PM2,5) de ese segmento. El desafío es que ese avance todavía no encuentra un equivalente en el sector privado, donde miles de flotas corporativas continúan operando con motores a combustión.
Precisamente, ahí es donde existe una de las mayores oportunidades para seguir mejorando la calidad del aire. Según datos de los ministerios de Medio Ambiente y Transportes, el transporte terrestre genera el 39% de las emisiones de CO₂ equivalente en la Región Metropolitana. Una parte importante corresponde a vehículos de empresas: flotas de reparto, vehículos comerciales, autos corporativos y servicios de traslado. Se trata de flotas administradas de manera centralizada, con recorridos predecibles y planes de renovación definidos, características que las convierten en candidatas ideales para acelerar la transición hacia la electromovilidad
¿Por qué ese cambio no ha avanzado al mismo ritmo? En parte por inercia, por desconocimiento de los costos reales y porque durante años la conversación se centró casi exclusivamente en el beneficio ambiental. Ese argumento es importante, pero no siempre basta para respaldar una decisión de inversión.
Hoy la realidad es distinta. Cargar un vehículo eléctrico puede representar un gasto mensual entre un 60% y un 80% menor para recorrer la misma distancia que uno a combustión. Cuando se considera el costo total de propiedad (TCO), incluyendo operación y mantención, un vehículo eléctrico liviano puede resultar entre un 19% y un 25% más económico en un período de cinco a siete años, mientras que en los vehículos pesados esa diferencia puede fluctuar entre un 30% y un 40%.
A ello se suma una tecnología cada vez más madura. La autonomía de los vehículos eléctricos ya cubre ampliamente las necesidades de la mayoría de las flotas y continúa aumentando con cada nueva generación de modelos. La infraestructura pública de carga ha seguido expandiéndose, y aunque no al mismo ritmo que la tasa de vehículos enchufables, sigue en una proporción de 12 vehículos por conector, mucho mejor comparativamente que otros países.
Además, muchas empresas pueden instalar cargadores en sus propias instalaciones y aprovechar tarifas eléctricas más convenientes, junto con sistemas de gestión inteligente que optimizan la carga, distribuyen el consumo en horarios de menor costo y monitorean cada vehículo en tiempo real.
Electrificar una flota corporativa ya no es solo una decisión ambiental. Es también una forma de reducir costos operacionales, aumentar la eficiencia y fortalecer la propuesta de valor frente a clientes, trabajadores y reguladores que observan con creciente atención las credenciales de sostenibilidad de las empresas.
Cada invierno Santiago nos recuerda que el costo de no actuar existe, aunque no siempre aparezca reflejado en una hoja de cálculo. La experiencia del transporte público demuestra que la electromovilidad mejora la calidad del aire, pero además los números muestran que también puede mejorar la competitividad de las empresas. Cuando una decisión beneficia simultáneamente al negocio y a la ciudad, dejar de postergarla ya no es solo una opción estratégica: pasa a ser una responsabilidad compartida.
Por Sebastián Luque, CEO de Enerlink
