La asociación de consumidores presentó un requerimiento a Contraloría para que el organismo se pronuncie, respecto a una serie de aspectos no considerados por el ejecutivo.
La Asociación de Formadores de Organizaciones Juveniles de Consumidores y Consumidoras (FOJUCC) presentó un requerimiento ante Contraloría General de la República para que se pronuncie respecto al reglamento de Comercio Electrónico que envió el Ministerio de Economía al organismo fiscalizador durante el mes pasado, tras un proceso de consulta pública a fines de 2020.
Según se refirió el director ejecutivo de FOJUCC, Blas Moroso, la acción busca que esta nueva normativa no entre en vigencia y sea discutida nuevamente. “Creemos que el Ministerio de Economía realizó un reglamento para el Comercio Electrónico sin tomar en cuenta las opiniones entregadas durante la Consulta Pública y, tal como está, perjudica directamente a los consumidores”.
Cabe señalar que este reglamento elaborado por el Ministerio de Economía, fue elaborado durante el segundo semestre de 2020 y sometido a Consulta Pública, con el objetivo es fortalecer la transparencia y calidad de la información al consumidor online, reforzar el derecho de libre elección y promover un desarrollo del e-commerce anclado en buenas prácticas. Sin embargo, durante el proceso se realizaron una serie de observaciones por parte de distintos actores que van desde Asociaciones de Consumidores y empresas, las que no fueron atendidas, ingresando el documento directamente a Contraloría para su control de legalidad.
Para FOJUCC, unos de los puntos más críticos tienen que ver con que “los operadores de plataformas actúan exclusivamente como vectores de información transmitida por los proveedores. De esta forma, el Operador no asume responsabilidad alguna ante una eventual falta de información que se pueda ocasionar, cuestión que es contraria a la Ley Pro Consumidor, y a lo indicado hasta la fecha por los tribunales de justicia y por el SERNAC. Esta contradicción además infringe el principio de coordinación de los órganos del Estado, y se desvía de los fines previstos por el legislador al desproteger a los consumidores”, dijo el director ejecutivo.
Blas Moroso, afirmó que “creemos que el Ministerio procedió al ingreso del Reglamento a la Contraloría sin antes ofrecer respuestas a los comentarios vertidos en el proceso de consulta ciudadana”, argumentando que con el estallido social y posteriormente con la pandemia por Covid-19, el comercio y la ciudadanía tuvo que adaptar sus hábitos de compra y utilizar mucho más las plataformas digitales.
Desde la asociación de consumidores, expresaron que este tipo de reglamentos, son una oportunidad para que todos los actores puedan ponerse de acuerdo para trabajar en un acuerdo que perdure los próximos años y pueda generar una relación de virtud entre las empresas y la ciudadanía, que cada vez está más empoderada y requiere información de calidad de los artículos que consume.
