La tecnología ya está en el aire. El desafío ahora es crear las condiciones para que el delivery con drones pueda desplegarse a escala en Chile, conciliando innovación, regulación, seguridad, privacidad y protección ambiental.
La arquitectura logística global atraviesa un cambio de paradigma donde la eficiencia ya no se mide solo en toneladas por kilómetro, sino en minutos por entrega. En este escenario, el concepto de la «última milla» ha encontrado en la tecnología de sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS), una solución disruptiva para desatascar la congestión urbana y sortear las barreras geográficas de la ruralidad. Lo que hasta hace poco parecía una excentricidad tecnológica es hoy una respuesta estratégica a la creciente demanda del comercio electrónico, que exige inmediatez y sostenibilidad.
La transición hacia la logística aérea no tripulada; no es simplemente una mejora incremental; representa el de-risking de la variable más volátil de la cadena: el tráfico terrestre y la dependencia de combustibles fósiles. Sin embargo, este despliegue plantea una interrogante fundamental para el ecosistema chileno: ¿estamos preparados para que el cielo sobre nuestras cabezas se convierta en una infraestructura de transporte masivo? La respuesta no depende únicamente de la autonomía de las baterías. También exige que el Estado y las empresas sean capaces de construir un marco de seguridad operacional que permita compatibilizar la innovación tecnológica con el derecho de las personas al silencio, la privacidad y un entorno protegido. A ello se suma el desafío medioambiental: integrar esta nueva tecnología sin generar impactos que comprometan los ecosistemas donde operará.
EL HITO EN EL BIOBÍO: RADIOGRAFÍA DEL PLAN PILOTO DE WALMART CHILE
El epicentro de esta revolución no se situó en las saturadas calles de Santiago, sino en la Región del Biobío, un entorno que ha servido como el laboratorio perfecto para probar tecnologías disruptivas antes de su escalamiento urbano. Bajo una alianza estratégica consolidada en 2025, la multinacional Walmart Chile y la startup penquista Osiris Experience -especialista en soluciones de delivery aéreo y liderada por expertos en ingeniería aeroespacial- ejecutaron un plan piloto que está marcando un antes y un después en la logística nacional.
El proyecto, centrado en las localidades de Laja y Los Ángeles, no fue un mero ejercicio de exhibición, sino una validación de flujo completo. La mecánica operativa comenzaba con la preparación de pedidos de productos esenciales en el supermercado Lider de Los Ángeles. Posteriormente, la carga era trasladada a una estación de despegue situada estratégicamente a 5 kilómetros al sur de Laja. Desde allí, los drones (operando bajo estrictas autorizaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil) seguían trayectorias automatizadas y previamente georreferenciadas hasta depositar los paquetes en los patios residenciales de una decena de familias participantes.
Este despliegue buscó replicar localmente la robustez del modelo que la multinacional ya ha estandarizado en Estados Unidos, donde ha superado la cifra de un millón de entregas aéreas. La elección de zonas rurales responde a una lógica de equidad territorial: desde la gerencia de innovación de la compañía se sostiene que vivir lejos no debe ser sinónimo de menor acceso a servicios básicos. El ahorro de tiempo y recursos para familias que habitan en zonas de difícil acceso es el primer dividendo social de una tecnología que, en su fase experimental, ha demostrado que la viabilidad técnica ya es una realidad tangible.
EL LABERINTO DE LA SEGURIDAD
No obstante, a pesar del optimismo técnico, el salto desde la experimentación controlada hacia la operación comercial masiva está condicionado por un marco normativo que la DGAC administra con rigor aeronáutico. Para la autoridad, un dron no es un juguete, sino una aeronave que comparte el espacio aéreo con vuelos tripulados, lo que exige un «seguro de vida» regulatorio basado principalmente en las normas DAN 151 y DAN 91.
Para que una empresa de delivery pueda operar legalmente en Chile, debe cimentar su actividad sobre cuatro pilares ineludibles:
Certificación Institucional: No basta con poseer la tecnología. Las empresas con fines de lucro deben tramitar un Certificado de Operador Aéreo (AOC) o un Certificado Especial de Operaciones (CEO). Este proceso es una auditoría profunda que exige manuales de operación, sistemas de gestión de seguridad (SMS) y vuelos demostrativos. Actualmente, existe una barrera filosófica importante: la normativa vigente exige que la operación sea de «interés público», una definición que las empresas deben defender caso a caso para obtener luz verde comercial.
Registro de la Aeronave: Cada unidad debe estar inscrita y certificada. La DGAC exige una tarjeta de registro y una matrícula visible. Técnicamente, para el segmento de delivery, se considera un peso máximo de despegue inicial de 9 kilos, y las naves deben contar con equipamiento de seguridad crítico, como paracaídas de emergencia con funcionamiento demostrado.
Formación del Capital Humano: El piloto remoto debe ser un profesional certificado. Los requisitos incluyen ser mayor de 18 años, presentar declaraciones juradas de instrucción práctica y aprobar un examen teórico con un mínimo del 75% de rendimiento en materias como aerodinámica, meteorología y reglamentación.
Protección Financiera: Toda operación debe contar con un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, visado por la Junta de Aeronáutica Civil (JAC).
Además de estos pilares, la operatividad enfrenta límites técnicos estrictos: la altitud máxima está fijada en 400 pies (120 metros) sobre el nivel del suelo, y existe una regla de oro sobre la autonomía: las naves no pueden agotar más del 80% de su batería antes de aterrizar. El gran salto tecnológico pendiente es la transición masiva desde vuelos VLOS (en línea de vista) a vuelos BVLOS (más allá de la línea de vista). Para ello, la DGAC ha impulsado la renovación de su plataforma SIGO/UTM, un sistema digital de gestión de tráfico a baja altura que permitiría monitorear múltiples drones simultáneamente, garantizando que no interfieran con aeropuertos o infraestructuras estratégicas, de las cuales deben mantenerse a una distancia mínima de 2 kilómetros.
EL REFLEJO DE LOS ESPEJOS INTERNACIONALES
Ahora bien, en lo referido al uso comercial (delivery) de drones en el país, la construcción de un ecosistema competitivo en Chile requiere observar la legislación comparada, especialmente bajo las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). En este sentido, cabe destacar lo expuesto en el documento: «Transporte de mercancía con Sistemas de Aeronaves no Tripuladas («Dron delivery»)» elaborado como un análisis especializado de asesoría parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN) para examinar cómo distintos países han adaptado sus normativas en el transporte comercial de mercancías mediante drones.
El informe elaborado por la BCN destaca dos modelos que sirven de espejo para la discusión legislativa local.
El Modelo Colombiano: a través de su reglamento RAC 100, el país cafetero ha logrado un avance significativo al autorizar en 2025 a la empresa ORKID SAS como el primer operador certificado de «Drone Delivery». El modelo colombiano es estricto en su segmentación de carga: permite hasta 50 kg de mercancía, con un peso bruto de operación (PBMO) de hasta 250 kg. Sin embargo, mantiene prohibiciones tajantes que Chile observa con atención: no se permite el transporte de animales vivos ni operaciones nocturnas para carga, y exige la creación de infraestructuras específicas denominadas «dronpuertos» con enlaces de mando (C2) validados.
El Modelo Estadounidense: La Federal Aviation Administration (FAA) opera bajo una dualidad: la Parte 107 para operaciones simples y la Parte 135 para transportistas aéreos comerciales. Esta última es el estándar de oro al que aspiran gigantes como Wing, Zipline y Amazon Prime Air. El proceso de certificación en EE. UU. consta de cinco fases exhaustivas que Chile podría adoptar para profesionalizar su industria:
- Solicitud inicial (CSOP): Evaluación de recursos del solicitante.
- Solicitud formal: Entrega de toda la documentación técnica.
- Revisión de documentos: Análisis profundo de manuales de seguridad.
- Evaluación y capacitación: Pruebas de campo para verificar la eficacia del personal.
- Emisión del certificado: Autorización final con especificaciones operativas (OpSpecs).
Esta estructura garantiza que el operador tenga el mismo nivel de responsabilidad que una aerolínea tradicional, un nivel de exigencia que parece ser el único camino para la aceptación de vuelos autónomos sobre zonas densamente pobladas.
EL FACTOR SOCIAL Y AMBIENTAL: RUIDO, PRIVACIDAD Y BIODIVERSIDAD
Así como los camiones transformaron el transporte terrestre, impactando la vida cotidiana de las personas con ruido, congestión y mayor presencia en las calles, los drones podrían generar un impacto similar desde el aire. La diferencia es que esta vez la nueva infraestructura logística no circulará frente a nuestras casas, sino sobre ellas, planteando un nuevo desafío: integrar eficiencia y tecnología sin afectar la privacidad, el descanso ni la convivencia urbana. Y es que la logística aérea no ocurre en un vacío; transformando al dron en el «nuevo vecino» que irrumpe en el espacio público y natural, generando fricciones que no deben subestimarse.
En esta línea y considerando la experiencia del uso de drones para delivery en otras latitudes, uno de los mayores obstáculos para la aceptación social de esta tecnología de reparto ha sido el impacto acústico. Reportes internacionales, como los documentados por el New York Times en Richardson, Texas, describen flotas de drones que emiten un zumbido constante similar al de cortadoras de césped, perturbando la vida cotidiana. En Chile, académicos del Centro de Estudios en Derecho Informático de la Universidad de Chile advierten que, sin rutas georreferenciadas o «autopistas aéreas» claras, el sobrevuelo errático sobre hogares será percibido como una invasión a la privacidad territorial.
Desde el plano medioambiental, en tanto, el plan piloto desarrollado en el Bío Bío despertó una alta sensibilidad ecológica, debido a sus efectos en la avifauna regional. Previo y post al piloto experimental, expertos de la Fundación Bandada alertaron sobre el riesgo que representan estas naves para las rutas migratorias y sitios de nidificación; destacando que humedales críticos como Paicaví, Los Batros y Chimalfe podrían verse afectados por la perturbación sonora y el riesgo de colisiones.
La solución propuesta por la autoridad aeronáutica para mitigar este impacto consiste en una integración de datos sin precedentes: cruzar los planes de vuelo digitales con la información georreferenciada del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Este sistema permitiría establecer zonas de exclusión dinámica y «pasillos sanitarios» para la biodiversidad, asegurando que el avance de la LogTech no degrade el patrimonio natural de la región.
HACIA UNA LOGÍSTICA HÍBRIDA Y COLABORATIVA
A partir de lo expuesto, queda claro que el futuro de la logística en Chile no reside en la sustitución de las ruedas por hélices, sino en una integración inteligente. En lo efectivo, el dron se perfila como el complemento táctico ideal para un modelo de logística híbrida, donde soluciones de software optimizan el despacho desde la primera hasta la última milla. Los drones asumirán las tareas de alta complejidad: entregas urgentes, suministros médicos en zonas aisladas y reducción de la huella de carbono en tramos críticos.
Para que este despegue sea definitivo, es imperativo transitar desde una regulación que analiza solicitudes «caso a caso» hacia un marco normativo ágil, predecible y estandarizado. La colaboración público-privada es la única vía para ajustar los reglamentos, fomentar la inversión en infraestructura de carga y, sobre todo, garantizar que la tecnología sea un beneficio y no un trastorno.
Entonces, ante la pregunta ¿Qué falta para que el delivery con drones funcione en Chile? Se observa que la tecnología ya ha demostrado su capacidad para operar y llegar a zonas remotas, superando uno de los primeros desafíos: probar que es técnicamente viable. Sin embargo, pasar de experiencias piloto a un modelo de distribución masivo plantea nuevos retos. Así, el desarrollo de esta industria deberá avanzar de la mano de un marco regulatorio que permita escalar las operaciones, responder a las preocupaciones sobre privacidad y seguridad, y compatibilizar el uso de drones con la protección de ecosistemas sensibles. El desafío, entonces, ya no es demostrar que los drones pueden volar, sino establecer las condiciones que permitan convertirlos en una alternativa real, segura y eficiente para la última milla en Chile.
