Ad portas de un nuevo ciclo político, el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) puso sobre la mesa siete urgencias logísticas que -desde su visión- debieran integrarse a la agenda del próximo gobierno. Carlos Cruz, su director ejecutivo, explica por qué estas definiciones serán determinantes para la competitividad del país.
Con el resultado presidencial ya definido y un nuevo gobierno próximo a instalarse, el diagnóstico técnico sobre los desafíos que enfrentará el país en los próximos cuatro años está trazado desde antes de la votación. Anticipándose a este cambio de ciclo, el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) fijó siete urgencias logísticas que, a su juicio, deberán abordarse desde el primer día de la nueva administración.
Se trata de prioridades que trascienden el debate electoral y que buscan instalar una agenda de Estado en un momento en que la competitividad, la integración territorial y la capacidad de ejecutar proyectos estratégicos se han vuelto determinantes para el desarrollo del país.
Antes de las elecciones, el CPI ya había puesto en marcha su despliegue preelectoral: el documento “Infraestructura para el desarrollo que queremos” fue presentado inicialmente a los principales candidatos presidenciales, con el objetivo de aportar una visión técnica y de largo plazo a todos los programas presidenciales. Como complemento, el organismo convocó posteriormente (antes de la primera vuelta) a un encuentro con representantes de los comandos de José Antonio Kast, Jeannette Jara y Evelyn Matthei, instancia donde se contrastaron diagnósticos, se discutieron prioridades y se registró un inusual nivel de coincidencia respecto del rol estratégico que debe asumir la infraestructura en el próximo ciclo político. Este proceso de diálogo es el que el CPI busca proyectar ahora hacia la nueva administración.
Elaborado por más de 150 participantes -entre especialistas, consejeros, empresas y gremios- el texto sintetiza la visión del CPI para el período 2026–2030 y se posiciona como una hoja de ruta destinada a incidir justo en el momento en que un nuevo gobierno comienza a definir sus prioridades.
Consciente de la urgencia por acelerar decisiones estratégicas, el organismo buscó instalar una agenda de largo plazo antes de que los énfasis políticos se consoliden en políticas públicas y los diagnósticos pierdan peso frente a las expectativas del nuevo ciclo.
COINCIDENCIAS Y MATICES DEL ENCUENTRO
El encuentro con los comandos presidenciales permitió observar un nivel de consenso poco habitual en un contexto electoral donde, normalmente, las diferencias programáticas se acentúan.
Según explica Carlos Cruz, director ejecutivo del CPI, los representantes de los equipos presidenciales coincidieron en la necesidad de fortalecer la planificación a largo plazo y reconocieron que la infraestructura es un habilitador clave del crecimiento. Este punto no es menor -destaca Cruz- ya que revela cierta madurez en la comprensión del rol que juega la logística en sectores tan disímiles como la minería, la industria manufacturera, la agricultura de exportación y el comercio exterior.
En esa línea, la coincidencia más destacada fue la valoración conjunta de la asociación público-privada (APP) como herramienta esencial para impulsar proyectos de gran escala. Para el CPI, este reconocimiento tiene un doble mérito: confirma que los instrumentos de cooperación han demostrado eficacia y, al mismo tiempo, ofrece un marco de continuidad para decisiones de inversión que requieren estabilidad y visión de Estado.
En tanto, el punto donde se evidenciaron los matices más relevantes fue en el diseño institucional. Al referirse a las propuestas planteadas por los equipos de Jeannette Jara y José Antonio Kast, el director del CPI comenta que “mientras un comando planteó fortalecer organismos ya existentes para asumir la planificación de largo plazo, el otro propuso la creación de una entidad especializada, con dedicación exclusiva y facultades más explícitas”. Para el CPI, esta diferencia -aunque técnica en apariencia- es estructural, pues define la gobernanza con que el país abordará desafíos crecientes en inversión, electromovilidad, sostenibilidad y logística portuaria.
Durante el encuentro se destacó al Puerto Exterior de San Antonio como un proyecto estratégico con fuerte interacción territorial. Para Cruz, este es “un proyecto ejemplar de una política de Estado”, en la medida en que ha logrado avanzar durante tres gobiernos consecutivos, pese a diferencias programáticas. Pero insiste en que su éxito no dependerá solo de la obra portuaria: “el desafío pendiente es que sea apreciado como un eslabón fundamental de una cadena logística integrada que incluya caminos, ferrocarriles y centros de intercambio modal”. Con ello, subraya una de las principales lecciones del proyecto: sin accesos, infraestructura urbana y planificación territorial coherente, toda ampliación portuaria queda incompleta.
LO QUE SE VIENE
Tras los encuentros -y ahora que el nuevo presidente ya está definido- Cruz retoma algunos puntos que considera centrales en el impulso a la logística. Como prioridad fundamental destaca seguir promoviendo la integración modal bajo una planificación de largo plazo. “La eficiencia logística se logra cuando cada modo de transporte aporta desde su mayor fortaleza. En este contexto, el ferrocarril de carga se encuentra en deuda y resulta crucial impulsar su desarrollo, mejorando su infraestructura para aumentar su participación”, recalca.
Desde su visión, el tren es una alternativa clave para complementar al modo carretero, permitiendo una logística más sostenible al disminuir el impacto ambiental, reducir emisiones y mitigar la afectación de la actividad en las ciudades.
Asimismo, recalca la importancia de potenciar la infraestructura que facilite la conexión con los países vecinos mediante pasos transnacionales:
“El Corredor Capricornio, en el norte de Chile, es crucial para potenciar el desplazamiento de productos en América del Sur, dada la gran demanda de Brasil, Argentina y Paraguay para exportar sus mercancías hacia el Asia, y donde ya se han impulsado iniciativas significativas. De igual forma, en la Región de Atacama se están concentrando esfuerzos para dar soporte tanto a la minería chilena como a la argentina, cuyo potencial de crecimiento es elevado. Esto requiere facilitar el acceso de los proyectos desarrollados en Argentina a las facilidades que Chile les puede proporcionar”, detalla.
En tanto, en la región del Biobío, el CPI apuesta por establecer una plataforma logística estratégica en la zona centro-sur, que conecte la ciudad argentina de Bahía Blanca en el Atlántico -atravesando importantes provincias como Neuquén y Río Negro- hasta la costa pacífica chilena. “Para concretar todas estas iniciativas, resulta fundamental el liderazgo del sector público, respaldado por el soporte del sector privado y la colaboración activa entre los países”, apunta.
Dentro de las dificultades para avanzar, menciona “la falta de planificación integrada para desarrollar proyectos que den soporte eficiente a la actividad logística y a la movilización de productos por parte de los operadores”. En este sentido, estima fundamental el desarrollo de los proyectos de acceso vial y ferroviario a los puertos, junto con la necesidad de avanzar en las licitaciones de puertos públicos que vencen a finales de esta década.
A su juicio, si bien el gobierno ha dado pasos importantes con la aprobación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, “la nueva administración deberá enfocarse en su correcta implementación, además de acelerar la tramitación de la Ley de Permisos Ambientales. Por nuestra parte, desde el CPI hemos propuesto la aprobación de un «fast track» para proyectos clave, con el fin de priorizar y agilizar su tramitación”.
Y si hubiese que sintetizar en una frase el mensaje que el CPI quiere transmitir al futuro mandatario, Cruz señala: “lo central es dar a la logística la importancia que se merece. Somos un país exportador y la logística es un componente relevante de nuestra actividad económica. De ella depende que nuestras industrias de exportación reduzcan sus costos y sean más competitivas, lo que facilitaría un mayor desarrollo. Del mismo modo, la logística permite que las importaciones puedan ingresar al país a menores costos con un impacto directo en el precio que pagan los ciudadanos para acceder a estos bienes y así contribuye en forma directa al mayor bienestar de la población”.
Con esa convicción, el CPI ya prepara una invitación formal a la nueva administración para colaborar en la agenda de infraestructura del período 2026 –2030 y aportar desde la técnica a las decisiones que definirán el desarrollo del país durante la próxima década.
LAS 7 URGENCIAS LOGÍSTICAS PARA 2026–2030
- Impulsar la integración modal y aumentar la participación del ferrocarril de carga.
- Asegurar la continuidad del Puerto Exterior de San Antonio con infraestructura de soporte de alto estándar.
- Desarrollar corredores bioceánicos estratégicos, especialmente el Corredor Capricornio.
- Modernizar la tramitación de proyectos: implementación efectiva de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y fast track para obras clave.
- Mejorar los accesos viales y ferroviarios a los puertos para reducir costos y congestión.
- Fortalecer la institucionalidad de planificación de infraestructura, otorgándole continuidad y visión de Estado.
- Promover un sistema logístico sostenible, con menor impacto urbano y mayor integración territorial.
La base de una agenda logística común
El Consejo de Infraestructura Pública elaboró un documento complementario en el que contrasta sus 36 propuestas con los programas presidenciales. El análisis comparado permite observar, eje por eje, los principales puntos de convergencia y brechas en siete categorías clave:
Institucionalidad
Fue uno de los ámbitos con mayor coincidencia. Más allá de las diferencias en el diseño institucional, los programas compartían el diagnóstico de que la planificación de infraestructura sigue fragmentada y condicionada por el ciclo político. Esta debilidad dificulta la coordinación entre accesos portuarios, ferrocarril, carreteras, nodos intermodales y ordenamiento territorial.
Financiamiento
En este punto la convergencia fue más limitada. Si bien existía acuerdo en impulsar la inversión en infraestructura y fortalecer la asociación público-privada, el comparado evidenció escaso desarrollo de mecanismos de financiamiento de largo plazo. La ausencia de reglas estables y de priorización explícita expone proyectos estratégicos -como accesos portuarios y corredores logísticos- a retrasos y discontinuidades.
Agua para el futuro
El eje hídrico fue abordado desde distintas perspectivas, con énfasis en la seguridad del recurso frente al cambio climático. Se observaron coincidencias en infraestructura multipropósito, aunque persiste una débil articulación con la logística productiva. La gestión del agua resulta crítica para minería, agroexportación e industria, pero su integración con la planificación territorial sigue siendo parcial.
Ciudades sostenibles
El comparado muestra avances en la vinculación entre vivienda, transporte y calidad de vida urbana. Sin embargo, la logística aparece de forma marginal en la planificación de las ciudades. Esta falta de integración explica conflictos recurrentes en torno a puertos, carreteras y centros de distribución, con impactos operativos y territoriales.
Logística de clase mundial
Este fue el eje con mayor nivel de convergencia. El documento identificó acuerdos en mejorar accesos portuarios, fortalecer corredores bioceánicos, avanzar en integración modal y reducir costos logísticos. La principal brecha se concentró en la ejecución, especialmente en ferrocarril de carga, infraestructura extraportuaria y nodos intermodales.
Transición energética
Los programas incorporaron crecientemente este eje, en particular en energías renovables, electromovilidad e hidrógeno verde. El análisis del CPI destaca la necesidad de coordinación logística: puertos, carreteras, redes eléctricas y sistemas de almacenamiento deben desarrollarse de manera articulada para sostener estos procesos.
Infraestructura digital
Se consolidó como un eje transversal, con acuerdos en ampliar cobertura y mejorar conectividad, especialmente para la descentralización. La infraestructura digital aparece como soporte clave para la eficiencia logística, habilitando trazabilidad
