La próxima elección presidencial definirá el rumbo del país para la siguiente década. Entre los múltiples desafíos que enfrentará la nueva administración, hay uno que resulta ineludible: el desarrollo de una agenda digital integral que articule la economía digital, la ciencia, tecnología e innovación como pilares del crecimiento.
Un punto a destacar es que nuestro país no parte de cero. Contamos con leyes como la Nº 21.180 de Transformación Digital del Estado, o la Ley Nº 21.663 Marco de Ciberseguridad, y una industria tecnológica sólida y con talento de clase mundial. Pese a esto, la velocidad del cambio global exige una nueva escala de ambición. Más que un componente sectorial, la digitalización es una política de desarrollo que atraviesa la productividad, la educación, la salud, la sostenibilidad y la competitividad internacional.
Desde el gremio, estamos convencidos de que la economía digital tiene el potencial de duplicar su peso, siempre que el país consolide una estrategia de Estado que fomente la inversión en infraestructura tecnológica, que promueva la adopción de inteligencia artificial y que genere incentivos claros para la investigación y el desarrollo. Del mismo modo, y para avanzar con éxito, urge que el país profundice la formación de talento digital y se alinee con regulaciones modernas que acompañen la innovación sin sofocarla.
Nuestro llamado es claro: Necesitamos que el próximo gobierno incorpore la transformación digital como una prioridad transversal, alineada con objetivos de desarrollo sostenible y con una visión de país que mire hacia el futuro. Aunque Chile no parte de cero, pues además de leyes ya cuenta con un ecosistema tecnológico sólido, un reciente análisis del IMTD 2024 revela que el 72 % de las instituciones públicas aún se ubica en niveles ‘Iniciado’ o ‘principiante’ en su camino digital, lo que es una señal de que queda mucha tarea por delante. Es urgente convertir ese entorno en una oportunidad estratégica de país.
Una Agenda Digital integral no es una promesa tecnológica, sino una política pública imprescindible para sostener y fortalecer la productividad, la competitividad y el bienestar del Chile que viene.
