Pymes, fundaciones, universidades públicas, partidos políticos y hasta organizaciones religiosas podrían ser sancionadas penalmente por la Ley 21.595 sobre delitos económicos. A casi un año de su entrada en vigencia, ¿cuáles han sido los alcances de esta ley? ¿Qué implica, en la práctica, para organizaciones de todos los tamaños y cómo prepararse, sin caer en alarmismos innecesarios?
El transporte de carga terrestre en Chile sostiene gran parte de la economía nacional y el comercio exterior, pero enfrenta tres retos que amenazan su eficiencia y competitividad: seguridad en las rutas, escasez de conductores e infraestructura vial insuficiente.